El juez hizo un alto en la audiencia de pensión alimenticia y pidió a la mujer, que hacía el reclamo, sus documentos personales. No estaban al día. Por ello, le retiró a su hijo y le dijo que podía reclamar la pensión cuando tuviera sus papeles en regla.

Esta anécdota real es la pesadilla de las madres migrantes sobrevivientes de abuso. “Te voy a quitar a tus hijos” o “te van a deportar” les repite su pareja abusadora.

El extendido uso de la palabra ilegal, cuando se habla de migrantes sin documentación, es aprovechado por los abusadores para infundir miedo.

Marina Pérez es la directora ejecutiva de Fundamorgan, organización que brinda atención legal a víctimas de violencia doméstica. Ella recuerda el caso de una mujer que durante 15 años casi no puso el pie en la calle. Su esposo le decía que si lo hacía la iban a deportar. ¿Por qué no le ayudaba a regular su situación migratoria? La respuesta de él siempre fue: “estoy en eso”. Y pasaron quince años.

Las madres migrantes que viven en Panamá tienen diferentes condiciones. Algunas están casadas con panameño. Otras tienen hijos sin haberse casado. Están las que tienen una pareja de otra nacionalidad y las que vinieron acompañando a su pareja por razones de trabajo.

En Panamá, hay aproximadamente 420 mil migrantes: 49.2% son hombres y 50.8% son mujeres, expresa Santiago Paz, Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá. 

Por nacionalidades, las proporciones varían. Las dominicanas suponen el 68% de las migrantes de su país. Las nicaragüenses, el 59%, y las colombianas el 54%.

Regularizar su situación migratoria es una de sus preocupaciones. De ello, dependerá que puedan acceder de manera más segura a un trabajo, servicios básicos y, para muchas lo principal, estar con sus hijos.

En varios casos, tener sus papeles en orden en Panamá depende de obtener una visa como residente por reagrupación familiar, como se estipula en la página web del Servicio Nacional de Migración. Esta visa se entrega por estar casada con panameño, por ser dependiente de un residente permanente o por tener hijos panameños.

Una entrevista junto al esposo es un requisito para acceder a una visa de residente permanente por estar casada con panameño, luego de dos años. ¿Qué pasa si ese esposo ha sido denunciado por maltrato y hasta tiene una orden de restricción? Cumplir con ese requisito no es posible.

La mujer migrante que se ve en esta situación tiene la opción de recurrir a la oficina de Protección de los Derechos de las Mujeres en la Defensoría del Pueblo, para que la ayuden a hacer una petición y obviar el requisito de la entrevista con el esposo. Esta petición es sustentada en normas internacionales de derechos humanos que advierten del peligro de regulaciones en las que las sobrevivientes de maltrato dependen de los agresores para sus trámites.

La visa de reagrupación familiar por tener hijos panameños, solo se puede solicitar si los niños ya han cumplido cinco años. Una opción es aplicar a una visa humanitaria para que la mujer pueda quedarse en el país con sus hijos panameños.

Sin contactos ni redes de apoyo, estas madres están en condición de vulnerabilidad dice Jennifer Delgado, exdirectora de la oficina de Protección de los Derechos de la Mujer de la Defensoría. 

En Panamá, las personas menores de 18 años no pueden salir del país sin la autorización de los padres que aparecen en su certificado de nacimiento.

Marina Pérez ha conocido de mujeres con hijos a las que su esposo no les paga pensión alimenticia, ella no tiene permiso para trabajar y él no le autoriza viajar con los niños para que ella pueda volver a su país de origen donde sí podría trabajar y contaría con el apoyo de su familia.

¿Prima el estatus migratorio a la hora de decidir con quién debe quedarse un hijo o hija? A veces sí. Este es el caso de una mujer que paga pensión alimenticia para su hija, pero que trabaja de manera informal. Sus papeles no están en reglas y no ha podido recuperar la guarda de su hija.

Algunas madres deben comprobar que pueden mantener a sus hijos porque trabajan, pero al hacerlo se cuestiona con quién dejarán a los niños mientras trabajan, pues tampoco tienen otra familia cerca que les apoye. Para algunas la opción es ceder la guarda temporal al padre con antecedentes violentos.

En la Defensoría del Pueblo, si bien no intervienen en procesos del Órgano Judicial, como son el de guarda y crianza, sí le recomiendan a las migrantes que si hay una situación de violencia busquen información sobre el proceso de familia. De lo contrario, el agresor, que está mejor informado y tiene más recursos y contactos, puede adelantarse y solicitar la guarda de los hijos. Luego, usar eso para pedir a su pareja que retire la denuncia por violencia.

“¿Está segura de que quiere denunciar? Mire que entonces ¿quién le va a dar la platita de la pensión?” esta pregunta se la han hecho a migrantes víctimas de violencia, cuenta Marina Pérez.

La violencia basada en género se enfrenta a mitos y creencias que impiden erradicarla. Funcionarios y personal de atención aún lo consideran un asunto privado. Piensan que si la afectada luce bien arreglada o no llora, quizás no es para tanto.

Cuando la que denuncia es una migrante se enfrenta a otros estereotipos de hipersexualización, además de xenofobia. Jennifer Delgado recuerda haber atendido casos de personas que al denunciar violencia doméstica en las Corregidurías eran envíadas a albergues por no tener su documentación en regla. Desde que las Corregidurías pasaron a funcionar como Casas de Paz, esto dejó de pasar.

Por otro lado, para cumplir con los trámites se requiere a veces largos caminos porque no siempre están claros los requisitos. En general, las personas migrantes necesitan mayor orientación para cumplir los trámites, como lo deja ver el Informe de la Población Refugiada y Migrante de Venezuela en Panamá, elaborado en 2019 por OIM y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La información que obtienen proviene de fuentes informales como redes sociales, que en ocasiones generan confusión. También existe recelo. “Las personas venezolanas muestran recelo hacia las instituciones públicas por desconfianza en su disposición para atenderles”, añade el informe. Además, los trámites legales no son económicos y muchas veces requieren de abogados. Sin la orientación debida pueden caer en manos de estafadores.

Luchar con los estereotipos sobre los migrantes requiere de campañas de sensibilización en las que tienen que participar también los medios de comunicación, no mostrar la migración como un problema si no también enseñar los aportes de los migrantes, en este caso las migrantes emprendedoras cuyos logros no tienen que ver con su nacionalidad, comenta Santiago Paz.

En Panamá hay programas y organizaciones que trabajan por la inserción de los migrantes en la sociedad, como es el caso de Hias, Ret o la Fundación Casa Latinoamericana, que orientan a migrantes y refugiados para su regularización.

La situación vulnerable de las mujeres migrantes es un tema tratado en varios informes. En 2019, el Informe del Secretario General sobre Violencia contra las trabajadoras migratorias señaló que la falta de políticas de migración que tengan en cuenta las cuestiones de género aumenta el riesgo de violencia y abuso. Por ejemplo, si las mujeres dependen financiera y jurídicamente, esto acentúa las relaciones de poder ya de por sí desiguales entre mujeres y hombres, y aumenta la exposición de las mujeres migrantes a la violencia.

Agrega el informe que muchas mujeres migrantes, en particular las que tienen un estatus migratorio irregular, no denuncian los actos de violencia a la policía debido a que no conocen bien sus derechos, no tienen pruebas, temen ser detenidas o deportadas, desconfían de las autoridades y perciben que son objeto de un estigma.

En Panamá, independientemente de su estatus migratorio las mujeres tienen derechos y pueden acceder a recursos para denunciar, tal como se reiteró en el encuentro “Mujer: Te queremos sana y libre de violencia”, llevado a cabo en mayo por la OIM, en conjunto con ONU Mujeres y el Instituto Nacional de la Mujer en Panamá.

Las líneas de atención para mujeres expuestas a violencia son:

Instituto Nacional de la Mujer: 323-3281 o 182.

Policía Nacional: 104 y la aplicación “Proteger y Servir” que envía la alerta a la policía con la ubicación.

Ministerio Público: 524-2345 y por correo violenciadomestica@procuraduria.gob.pa.

Crime Stoppers Panamá pone a disposición la página web www.tupista.org para denuncias anónimas