El Fondo de Población de las Naciones Unidas en Panamá (UNFPA), reafirmó su asistencia técnica al proceso de actualización de la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (2026-2030), presidido por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 

Este esfuerzo, liderado por el Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente (CONAMA) conformado por representantes del MIDES, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Educación (MEDUCA), sociedad civil y agencias internacionales, representa una oportunidad para transitar hacia una política pública orientada a resultados de impacto real en la vida de las niñas y adolescentes.

El costo de no invertir 

Aunque en la última década el país logró reducir los nacimientos en menores de 20 años de 15,000 en 2012 a 9,531 en 2022, informes recientes de la Cámara de Comercio (CCIAP) y el MINSA advierten sobre un repunte del 15% en la tasa de fecundidad en los últimos cinco años (periodo 2021-2025). Se estima que diariamente al menos 21 niñas y adolescentes quedan embarazadas en el país.

A inicios de 2026, aunque se reportó una leve disminución mensual del 17% en enero respecto al año anterior, las cifras globales siguen siendo un desafío de salud pública debido a la falta de educación sexual integral.

Los datos nos revelan que los máximos de la fecundidad se concentran en provincias como: Darién y Bocas del Toro, y en las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan, donde la pobreza extrema y prácticas nocivas como las uniones tempranas duplican o triplican la media nacional.  

Los datos del informe de impacto socioeconómico MILENA del UNFPA (2024) revelan la magnitud del desafío: el embarazo en la adolescencia genera un costo de oportunidad directo para el Estado panameño de aproximadamente $1,500 millones de dólares anuales, lo que equivale a cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, debido a la exclusión educativa y laboral de las madres jóvenes.  

Para el UNFPA, estas cifras no solo deben leerse como estadísticas financieras o de salud pública, sino como un llamado urgente a cerrar las profundas brechas de desigualdad territorial y de género que afectan al país. 

De la atención a la prevención 

El CONAMA se constituye en el país en el 2017, como un ente de concertación e instancia de construcción de políticas públicas y de coordinación,  presidido por el MIDES. Su propósito fundamental es monitorear el cumplimiento de la normativa legal, promover los derechos de las adolescentes embarazadas y coordinar políticas interinstitucionales de prevención. 

En 2021, el Gobierno de Panamá identificó la necesidad de reactivar y fortalecer el Consejo para ofrecer una respuesta más eficaz ante las altas tasas de embarazo en el país. 

En noviembre de ese año, tras consultas con la sociedad civil y jóvenes, se aprobó la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención y Atención al Embarazo en Niñas y Adolescentes; así como para su operativización a través de un Plan de Acción para el período 2022-2024.

La nueva hoja de ruta 2026-2030 consolida el cambio de enfoque que inició el CONAMA: pasar de la asistencia posterior a una robusta prevención primaria del embarazo adolescentes, las uniones tempranas y la atencion de las madres adolescentes, enfocada en el abuso sexual, las barreras culturales y la falta de oportunidades. 

A través de la instalación de cuatro mesas técnicas de trabajo interdisciplinarias, se diseña una arquitectura institucional más ágil y con sostenibilidad presupuestaria.  

La representante nacional del UNFPA, Edith Castillo, señaló que es clave poner el tema en la prioridad de la agenda pública y comunitaria. 

No estamos aquí para hacer un diagnóstico más; estamos aquí para definir el cómo: cómo llegar antes de que ocurra el embarazo, cómo retrasar las uniones, cómo mantener a las niñas en la escuela y cómo asegurarles servicios de salud y protección amigables”. 

La propuesta de actualización para este quinquenio incluye la unificación de datos interinstitucionales para evitar duplicidades , la institucionalización del presupuesto estatal para insumos de salud reproductiva , y un fuerte enfoque de inclusión territorial mediante unidades móviles con mediadores culturales y traductores en zonas de difícil acceso.